Los impuestos ante la situación económica actual

Previo al comienzo oficial del curso político –cuyo “chupinazo” se produce en el primer Consejo normal de Ministros–, el polivalente titular de Fomento había defendido como fórmula para financiar el subsidio de los 420 euros una parecida a la aplicada por Luis Candelas: aumentar los impuestos a los ricos para ayudar a los necesitados.

Tras una serie de explicaciones demagógicas cambiantes, que según uno de sus protagonistas originaron “una sensación de improvisación”, cuando redacto estas líneas parece que nuestros gobernantes se inclinan por elevar la tributación a cargo de las personas físicas por las rentas de capital y por las plusvalías generadas al vender activos patrimoniales. Dada la transcendencia económica que tiene la fiscalidad y la variabilidad de los propósitos gubernamentales expuestos, creo que conviene hacer un planteamiento general de las posibles líneas de actuación, lo que requiere un previo diagnóstico acerca del estado de la economía.

El marco en el que se encuadra España es el de un país integrado en una unión plurinacional, de alcance casi total en el ámbito económico, que permite el libre tránsito entre los países de dicha unión de personas, mercancías y capitales. Mayor vinculación aún produce la pertenencia a la Unión Monetaria, que afecta a los miembros que comparten como moneda el euro. Esto les priva de poder emitir o devaluar la moneda. Así pues, el déficit, tanto público como de balanza de pagos por cuenta corriente, ha de financiarse mediante la emisión de títulos que hay que colocar en un mercado, cuya pieza básica es el Banco Central Europeo, que rige el sistema financiero de los miembros de esa parte de la eurozona.

Además, la libertad de movimiento de capitales condiciona fuertemente la capacidad de países miembros para diseñar sus sistemas tributarios internos. Por ello, ante la crisis económica global, en la medida en que cada país la padezca, no cabe aplicar políticas análogas a las sugeridas durante la larga crisis que originó el crash de 1929, como preconizan algunos keynesianos a la violeta.

Suma gravedad
En estas circunstancias, la primera impresión es la de que de la economía española se halla en un estado de suma gravedad:

a) La recesión ha sido muy rápida y muy fuerte, alcanzando niveles próximos al 5% y sin atisbo de un cambio de tendencia, aunque la caída se haya atenuado un poco en los dos últimos meses merced a factores estacionales;

b) El paro bate todos los récord. No sólo ostenta el “maillot amarillo” de toda la UE, sino que duplica el nivel medio de los países que la componen;

c) El déficit público va a superar sin duda en 2009 el 10% del PIB, en una economía ya previamente sobreendeudada;

y d) Aunque debido a la caída de las importaciones, por la flojedad de la demanda, el déficit exterior se haya reducido apreciablemente, la suma de éste con el voluminosísimo déficit público va a hacer muy difícil la colocación de deuda en el mercado y, desde luego, va a provocar un nivel creciente de sus tipos de interés. Teniendo en cuenta las renovaciones, el total de las emisiones a lanzar va a rondar la escalofriante cifra de 200.000 millones de euros.

Con este panorama no cabe pensar en un aumento del déficit público. Por el contrario, procede reducirlo cuanto más mejor, como acaba de recomendar con carácter general Jean-Claude Trichet, expresando el criterio del BCE, que postuló que se haga reduciendo el gasto público y no aumentando impuestos.
La elevación de éstos puede afectar negativamente a la actividad privada y operar en contra de la reducción del déficit, tanto por el incremento del gasto social al provocar un aumento del paro, como por su posible efecto negativo sobre los ingresos públicos. Una fuerte subida de tipos puede erosionar la recaudación si provoca una fuerte sensibilidad de los contribuyentes. Ésta es siempre muy acusada en el mercado de valores, esencial para la financiación pública y privada, y altamente internacionalizado. Subir los impuestos requiere analizar previamente la situación de los mismos en comparación con la de los países de la UE, pues disparidades al respecto pueden afectar a la localización de las empresas y provocar movimientos de capitales hacia el exterior.

Elevada fiscalidad
Los tipos del Impuesto sobre Sociedades son superiores entre un 15% y un 25%, a los de la mayoría de los países.
Por lo que respecta al IRPF, el tipo máximo supera del orden del 10% a la media europea. Pero lo más significativo, que no se suele comentar, es lo excesivamente reducidos que son los diversos tramos de la escala. Así, las rentas medias soportan fuertes gravámenes que reducen la renta disponible, que es lo verdaderamente significativo. Dentro del mismo tributo, se incluye por separado la tributación a tipo fijo de las rentas del capital y las plusvalías.

Esto, que no es exclusivo del sistema fiscal español, ha sido objeto de comentarios carentes de fundamento, pues han ignorado que al implantar este esquema se prescindió de cualquier mecanismo para eliminar la doble imposición de los dividendos, como los que se habían aplicado desde que se configuró este tributo como impuesto general en 1978. Al suprimirse toda medida correctora, los dividendos repartidos a los accionistas, tras haber soportado un 30% del Impuesto sobre Sociedades, son gravados a tipo fijo por el IRPF.

De este modo, la tributación total efectiva de cualquier perceptor de dividendos, por bajo que sea su nivel de renta, es del 48% (5 puntos por encima del tipo máximo de la escala). Algo similar ocurre con las entidades de inversión colectiva, en la medida en que sus beneficios procedan de dividendos percibidos de sociedades. Por último, la tributación sobre las plusvalías en la venta hace abstracción de la posible reinversión del importe obtenido; lo que, en términos financieros, no constituye una verdadera enajenación, sino un cambio en la composición de la cartera del ahorrador.

Esta clase de movimientos, que debería poder efectuarse sin trabas para que el mercado bursátil cumpla una de sus funciones esenciales como instrumento de una asignación eficiente de los recursos, bloquea en la mayoría de los casos las decisiones de venta, (locking in effect), según exponen los manuales de Teoría de la Hacienda. Así se trastorna el comportamiento de la Bolsa sin efecto positivo sobre la recaudación.

Está –creo– claro que ninguna modificación que se introduzca en materia de los Impuestos sobre la renta de las sociedades o de las personas físicas debe producirse en sentido de elevar sus tipos tributarios, sino de reducirlos en algunos casos y de corregir las deficiencias a que acabo de referirme. Sería completamente irresponsable dañar más aún nuestra maltrecha economía con brindis al sol que no pueden sino agravar su situación, sin efecto apreciable sobre los ingresos públicos.

En lo único en que la fiscalidad española es inferior –del orden de 4 puntos– a la comunitaria es en los impuestos sobre el consumo (IVA e Impuestos especiales). Pese a la “mala prensa” que tienen los impuestos indirectos, la situación actual de los precios puede permitir una nivelación o una aproximación a los niveles europeos, lo cual aumentaría apreciablemente la recaudación, con escaso efecto sobre el consumo privado, que depende ahora mucho más de los ingresos familiares que del IPC.

Hasta ahora hemos pasado revista a la vertiente de los ingresos, pero está claro que existe otro ámbito que, en mi opinión, es en el que hay que hacer hincapié para reducir el déficit: el del gasto. Hay casos evidentes, como el aberrante regalo de los 400 euros (6.000 millones anuales en conjunto), el de los 8.000 millones de euros entregados a los Ayuntamientos, que en su inmensa mayoría se han dilapidado, e incluso el llamado “cheque bebé”. Lo que se ha hecho ya mal no tiene remedio, pero sí puede evitarse la reincidencia. Donde, sin duda, hay campo amplio para hacer economías es en la fronda del gasto consuntivo, en la hipertrofia de las Administraciones públicas, en la plétora de asesores, contratados y similares, y en las entregas a las comunidades autónomas, respecto a las que hace un par de meses se sentó un malísimo precedente con el trato de favor otorgado a Cataluña.

Un servidor público, ejemplar por su competencia y entrega, que ha dedicado su vida a mantener en orden los Presupuestos –como es José Barea– les diría muy pronto a los actuales responsables dónde y cuánto se debe recortar.